El pasado 24 de noviembre la periodista Maria Palau destapaba en un artículo publicado en El Punt Avui una polémica que afecta a la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi. A grandes rasgos, el conflicto es el resultado de un desacuerdo -cronificado en el tiempo- entre dos bandos de académicos que ha ocasionado daños colaterales; el principal, el despido de Victoria Durá, la conservadora de la colección artística de la institución.

Este desencuentro ha sido el detonante de una serie de hechos recientes que han llevado al sector mayoritario de académicos a pedir la renuncia del presidente de la Academia, el arquitecto Joan Antoni Solans, que se negó a abandonar el cargo después de la celebración de un pleno extraordinario en el que -habiendo allí el quórum necesario- trece académicos se lo pidieron, frente a los siete -contándolo a él- que lo apoyaron.

Salón de actos.Con el agravante de que, antes de este pleno extraordinario, ya hubo dos plenos ordinarios en que la Academia manifestó inequívocamente su voluntad de mantener a la conservadora. El presidente, en cambio, incumplió una y otra vez aquella voluntad, tan claramente expresada, hecho gravísimo porque, según los estatutos, la primera tarea del presidente es hacer cumplir las decisiones de la Academia.

Visto desde fuera, la situación es más que lamentable y debería hacer reflexionar a todos, en especial, al presidente y al sector que lo apoya. La Academia es una institución venerable y de larga tradición -fue fundada en 1850, pero con raíces en el siglo XVIII- que no merece espectáculos de este tipo. A pesar de que los estatutos no obligan Solans a abandonar el cargo, es evidente que ha perdido la confianza de la mayoría de los académicos y, sólo por eso, debería plantearse si tiene sentido continuar.

Desgraciadamente, en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a ver a gente que se aferra a un cargo a pesar de no tener la confianza de los suyos. Es una anomalía del sistema que impregna diferentes esferas de la esfera pública. Una sociedad moderna y democrática reclama nuevos tipos de liderazgos que se adapten a las nuevas formas de relacionarnos entre nosotros. Por ello, a pesar del peso de antiguas maneras de hacer, estamos asistiendo a cambios importantes en los que a los líderes sociales y a los dirigentes políticos se les reclama consecuencia y responsabilidad en sus actos.

Sala de juntas.

La Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi es un microcosmos que difícilmente podrá compararse a determinados movimientos en que el asamblearismo y la voluntad popular determinan la toma de decisiones. Es una academia vinculada a una tradición, a unos valores y, desde luego, a una forma de hacer que cada vez encaja menos en nuestra sociedad. El tiempo dirá, empero, qué acabará pasando con este tipo de instituciones y el papel que jugarán en el futuro; pero, mientras tanto, tenemos que procurar velar por la convivencia civilizada, por el prestigio de la Academia y, sobre todo, por el mantenimiento y el cuidado de la importante colección artística que ésta atesora, lo que hoy en día no se está haciendo.

Desde el momento en que la Academia dejó de jugar su rol en el ámbito de la enseñanza artística -recordemos que allí se formaron artistas como Fortuny o Picasso, entre muchos otros-, la conservación y difusión de la colección pasó a ser la principal razón de ser de la institución.

Empero, con el despido de la persona que más ha trabajado en los últimos años para el logro de este objetivo, han entrado en escena la irresponsabilidad y la mala praxis, con lo que los académicos están perfectamente legitimados para pedir a su presidente que renuncie. Solans debería ser consecuente y abandonar el cargo, teniendo en cuenta que ha perdido el apoyo del plenario. No hay excusa posible. El presidente no puede decir que pretende terminar el proceso de saneamiento económico que ha iniciado: la Academia no es una empresa y él no es un gerente.

Una colección tan relevante como la de la Academia merece un conservador a tiempo completo

En este sentido, leo estupefacto que el presidente Solans tiene la intención de convocar un concurso público para cubrir la vacante dejada por la conservadora Durá, según reveló Natalia Farré en un artículo publicado en El Periódico. El objetivo de esta convocatoria es convertir la plaza en un trabajo a media jornada, a diferencia de la jornada completa que la plaza tenía hasta ahora. Esto es un error mayúsculo.

Una colección tan relevante como la de la Academia merece un conservador a tiempo completo, situación que ya se tenía antes de que el conflicto estallara. Si se me permite el símil, ¿alguien entendería que el único médico de un hospital trabajara sólo a media jornada? Y como el museo más antiguo de Cataluña no puede permitirse esto, pienso que conviene abordar una reflexión de calado más profundo. Y las primeras que deberán hacerlo son las administraciones públicas.

En este sentido, la Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán estipula que la Generalitat de Cataluña deberá actuar subsidiariamente en caso de que el propietario no pueda asumir la conservación de bienes culturales de interés nacional, o de bienes muebles catalogados. Pese a que desconozco si la colección de la Academia forma parte de estas categorías, las administraciones tienen el deber y la obligación moral de velar por una colección que es absolutamente referencial en el panorama catalán. Por lo tanto, personalmente considero que, a partir de ahora, deberían implicarse más en el día a día de la institución y su gestión.

Me ha sorprendido, por otra parte, que el conjunto de las academias catalanas, como entidades jurídicas que son -como las asociaciones, fundaciones, partidos políticos, o los colegios profesionales-, dependan del Departamento de Justicia de la Generalitat, que es el área pública de la que reciben los principales ajustes económicos. Esto tiene su explicación administrativa, pero en el caso de la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi, seguramente no responde a una lógica disciplinar.

Pasaje interior.

Lo más normal y adecuado sería que el Departamento de Cultura, junto con la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, asumieran un nuevo rol de tutela de la institución que, necesariamente, debería culminar en una nueva dotación a nivel económico. La misión sería garantizar la supervivencia de la institución y, en especial, de una colección artística que, hoy en día, es su principal razón de ser. Sería conveniente, así las cosas, que las administraciones agarraran el toro por los cuernos, con relación al problema de la falta de conservador que ahora sufre la Academia. Un conservador que, dada la relevancia de la colección, debería trabajar a jornada completa.

Todo ello requiere cambios organizativos, administrativos y de gobernanza que pasan por una serie de decisiones drásticas. La primera, y más necesaria, es la renuncia del actual presidente, que ha demostrado no saber gestionar una institución al ponerse en contra a la mayoría de los académicos. La segunda, y natural, es la elección de un nuevo presidente y la constitución de una nueva Junta de Gobierno, que es el órgano de toma de decisiones de la Academia.

Salón de actos.

Finalmente, todo el proceso debería culminar con la redacción de unos nuevos estatutos y un cambio en el sistema de gobernanza y patrones, al que podrían incorporarse las instituciones mencionadas y, en su caso, agentes del sector privado que pudieran hacer aportaciones económicas a la institución. A partir de aquí, seguro que la situación mejoraría. La Academia y su colección lo merecen.

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